PFGArquitectura UBV
Justificación
El hábitat constituye el lugar cultural de soporte y significación para el desarrollo de los procesos sociales y las actividades humanas. La noción de hábitat integra los conceptos de casa, vivienda, ciudad, región y territorio. La vivienda como satis factor de múltiples necesidades, trasciende la interioridad de la casa como refugio o morada familiar, integrándose a su entorno comunitario y representando un lugar de identidad, tanto individual como colectiva. Ello implica un proceso cultural donde los pobladores organizados deben tener un rol protagónico.
La nación venezolana se ha conformado históricamente en un marco de relaciones sociales caracterizado por profundas asimetrías estructurales y enormes injusticias sociales, cuya expresión más elocuente la constituyen las condiciones de exclusión y pobreza en las cuales subsiste la gran mayoría de la población. Esta situación es el producto de políticas de orden económico, cultural y ambiental, que se ha conjugado con un sistema sociopolítico marcado por relaciones de poder que tradicionalmente han privilegiado a cúpulas y élites en detrimento de las grandes mayorías. Igualmente, se asocia con un sistema social y un modelo de desarrollo fuertemente mediatizados por relaciones de subordinación con los grandes centros de poder del mundo. En Venezuela, la problemática heredada sobre los procesos de producción del hábitat contiene profundas contradicciones que se manifiestan con el desequilibrio existente en la ocupación del territorio y la relación campo-ciudad, la segregación urbana producto de la exclusión social y la especulación inmobiliaria, así como la respuesta limitada del Estado y su complacencia con el sector privado ante la acción de las comunidades populares.
El proceso de urbanización en Venezuela se encuentra entre los más vertiginoso ocurridos en América Latina. En la década del 50, se iniciaron las migraciones campo-ciudad, orientadas hacia la zona norte-centro-costera del país, lo cual trajo como resultado un hábitat predominantemente urbano con 87% de la población nacional (Censo 2001). El derecho a residir en las ciudades venezolanas quedó determinado por los grupos que monopolizaron la inversión en propiedad de la tierra y construcción y con el criterio de sacar el máximo provecho de la vivienda como mercancía, se dio como consecuencia la segregación urbana de la población de bajos ingresos.
Este proceso de exclusión social y segregación espacial en la con formación del hábitat venezolano ha conducido a una situación en la cual la mayoría de la población habita en barrios urbanos auto producidos (56% de la población urbana. Censo2001), sin financiamiento ni apoyo técnico, presentando dificulta desde habitabilidad, situación de riesgo y deficiencias de accesibilidad y servicios, pero manteniendo relaciones de convivencia solidaria que resisten dentro de una cultura de supervivencia. De las viviendas construidas en el país entre 1990 y 2001, alrededor del 70% fueron auto producidas por los pobladores, 20% construidas por el Estado y 10% por el sector privado. Se demuestra, así como, aún con las limitaciones del contexto, son las comunidades populares quienes cuentan con mayor capacidad de producción social del hábitat.
Las necesidades de vivienda y hábitat por parte de la población han superado permanentemente la capacidad del Estado de ofrecer soluciones en términos de cantidad y calidad, generándose así un déficit de condiciones adecuadas de hábitat que año tras año alcanza cifras mayores; esto le quita valor a lo urbano y al sentido de ciudad, lo que desfavorece la vida ciudadana. La actual situación habitacional se manifiesta en el 80% para mejoramiento de las viviendas existentes, y del 20% para construcción de nuevas unidades residenciales. En los últimos años el Estado ha ampliado significativamente la cobertura de los servicios en red, pero se mantienen problemas de calidad y distribución equilibrada de los mismos. Por otro lado, se han aprobado un conjunto de leyes orgánicas para los distintos servicios que los regularizan y además promueven la corresponsabilidad entre el Estado y las comunidades para su prestación y contraloría.
Aun que se han logrado avances importantes, la situación de deterioro del hábitat y la vivienda comprendidos como satisfactores de diversas necesidades humanas, sigue constituyendo uno de los principales problemas sociales en nuestro país, así como en el resto de América Latina. Las interpretaciones de este problema han variado desde una comprensión cuantitativa de la vivienda como un producto terminado ejecutado por el Estado para cubrir el déficit, hasta una perspectiva de proceso de creación y transformación de las condiciones para su mejoramiento integral con la participación comunitaria. El nuevo marco legal en el campo de la vivienda y el hábitat ha constituido el mayor avance reciente en la concepción integral del problema. Desde la propia Constitución (CRBV, 1999), hasta la nueva Ley de Vivienda y Hábitat (LRPVH, 2005) refuerzan el espíritu del derecho internacional respecto a vivienda adecuada y abren el camino hacia la definición de una política más integral y participativa para este sector.
Sin embargo, se evidencia, aún, una gran resistencia al cambio en la creación de modelos con diseños arquitectónicos participativos que atiendan a los intereses de la población que va a hacer uso de esos espacios y que al mismo tiempo tome en cuenta el respeto por el entorno socio-cultural y natural. En ese sentido, el diseño y construcción de espacios arquitectónicos está intrínsecamente relacionado con un número de factores que involucra, entre otros, a los diferentes actores sociales que hacen vida en las comunidades, en particular, y en el país, en general. Considerando las dimensiones que intervienen en el diseño de los espacios construidos, se hace necesaria la revisión de la concepción del ejercicio profesional, pues la responsabilidad y corresponsabilidad que sus acciones implican, tienen un impacto efectivo en la vida de las personas. Esto no se refiere sólo a lo inmediato, sino también a la trascendencia que posee, en tanto que realidad construida para la habitabilidad, interacción y realización plena de la persona, por lo cual los nuevos profesionales deben adecuarse a la nueva realidad social del país, a través de una arquitectura consentido de pertenencia con el lugar y con las personas que allí habitan como protagonistas de su propio desarrollo.
En nuestra realidad nacional, este enfoque adquiere una dimensión especial en el marco del proyecto constitucional, el cual se sustenta en un modelo de democracia participativa y protagónica que reconoce nuestra condición de país multiétnico y pluricultural y consolida los valores de soberanía, libertad, independencia, paz, solidaridad, bien común, integridad territorial, convivencia en un Estado de derecho y de justicia social. Es por esto que las respuestas profesionales y técnicas deben ser novedosas, integrales, flexibles y adaptadas a esta nueva realidad socio política. La importancia de diseñar con una convicción arquitectónica responsable y corresponsable, la cual pretende no solo asumir el compromiso ambiental de la arquitectura, sino también, tomando al hombre como escala inicial, busca el diseñar espacios que incidan en el desarrollo de la comunidad, con perspectivas de auto superación y crecimiento colectivo.
La Universidad Bolivariana de Venezuela ha entendido la necesidad de promover el desarrollo integral de los profesionales que en ella se forman. Para dar cumplimiento a esto, ha diseñado un concepto integrador en la construcción de saberes, atendiendo a los criterios de complejidad, transdisciplinariedad e incertidumbre en el cual se mueve el hombre de hoy. De ahí que surja la necesidad de ofrecer un Programa de Formación de Grado en Arquitectura que asuma el reto de la formación de un arquitecto que sepa abordar los problemas cotidianos de su oficio particular desde una dimensión múltiple, manejando la complejidad de cada situación; que sepa movilizarse en ambientes de incertidumbre, valorándolos positivamente. Así el Programa de Formación de Grado en Arquitectura involucra lo técnico y lo socio cultural, la teoría con la práctica, formando un nuevo tipo de profesional que afronta los nuevos retos que tiene el país, ofreciendo respuestas a los problemas con la versatilidad de conformar equipos interdisciplinarios.
La UBV surge como respuesta a los cambios que requiere la democracia venezolana. Debe contribuir a la creación de nuevos espacios que alberguen nuevas formas de convivencia ciudadana a través de la formación de profesionales dispuestos a involucrarse en la construcción colectiva de una sociedad más libre y justa. Así mismo, debe responder a las exigencias de una nueva visión universitaria, en la cual la generación, sistematización y socialización de conocimientos esté en sintonía con un proceso educativo integral, de calidad, democrático y equitativo, capaz de contribuir de manera decisiva a la transformación de la sociedad venezolana en su conjunto. Por ello deben ser ciudadanos con sentido de país, orientado a través del Proyecto País contenido en la Constitución de la República, el cuerpo de leyes que la expresan, el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación y los Planes Sectoriales, Regionales y Locales, haciendo énfasis en la participación comunitaria y la integración de los esfuerzos institucionales que demanda el desarrollo sustentable de la Nación.